NO UTILIZAR EL SUPUESTO SINDROME DE ALIENACION PARENTAL (SAP) EN LA PRACTICA PROFESIONAL
Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba queremos recordar e insistir en que el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) no debe utilizarse en el ejercicio profesional del Trabajo Social, especialmente en la elaboración de informes, valoraciones, diagnósticos o intervenciones en contextos de conflicto parental.
El denominado SAP carece de reconocimiento científico y profesional, y no está respaldado por organismos de referencia:
• No está incluido en el DSM-V de la Asociación Americana de Psiquiatría.
• No figura en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) ni cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
• El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desaconsejado su utilización, al considerarlo un diagnóstico falso y carente de base científica.
A pesar de ello, desde principios de los años 2000 se ha constatado un preocupante uso del SAP y de términos afines como interferencias parentales, manipulación, instrumentalización o madre alienadora en informes elaborados por equipos psicosociales, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a la infancia y servicios sociales. Esta práctica ha generado graves consecuencias, especialmente en casos de violencia de género, maltrato o abuso infantil, provocando situaciones de indefensión y daño institucional.
En línea con la resolución europea 2016/2575 (RSP), el Consejo General del Trabajo Social insta a los colegios profesionales a:
• Prohibir el uso del SAP y de sus derivados en el ejercicio profesional.
• Promover formación especializada que permita comprender los riesgos de aplicar este concepto sesgado y sin respaldo científico.
• Evaluar cada situación de forma rigurosa, priorizando la escucha activa de niños y niñas, y protegiendo sus vínculos seguros y figuras de referencia.
El interés superior del menor no puede quedar subordinado a ideologías ni a construcciones pseudocientíficas. Como profesionales, tenemos la responsabilidad de garantizar una intervención ética, fundamentada y basada en la evidencia.
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